No es la primera vez que menciono la guerra judicial en esta columna. Desde las condenas sin pruebas a Isabel Serra y Alberto Rodríguez (siéndole aplicada a este último una pena a la que no había sido condenado), la mala aplicación intencionada de la Ley de Libertad Sexual (la del sólo sí es sí), el no caso Neurona... hasta el caso de Begoña Gómez, que vuelve a hacer ruido estos días, la utilización de los tribunales como arma política es otro motivo de sonrojo para nuestra democracia.
Tampoco es la primera vez que uso la parodia de la icónica imagen de la justicia, con los ojos vendados (como el título de mi último libro, oiga), su balanza dirimiendo lo bueno y lo malo y una espada que pretende ser símbolo de firmeza; en España, lleva destapado el ojo derecho, la balanza tiene un platillo lastrado y la espada tiene un canto afilado y el otro romo, cortando cabezas sólo por un lado. Por el que no corta se ha pasado el caso de Vox, que no tiene causa abierta por financiación ilegal porque se le ha impuesto la famosa multa de 800.000 euros: ni que la sanción administrativa fuera óbice para iniciar la causa penal, mirusté.
Si la pareja de Ayuso defrauda a Hacienda y lo confiesa en correos para pactar con Fiscalía, un juez dice que no se le puede llamar defraudador confeso (pese a ser un defraudador confeso); de propina, imputan al Fiscal General del Estado. Sin embargo, si una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno se basa sólo en recortes de prensa, poco importa que la doctrina del Tribunal Supremo diga que no ha lugar admitirla a trámite: se admite y punto.
Ahora, el juez Peinado, el mismo que está protagonizando el acoso judicial contra Begoña Gómez, pide imputar a Félix Bolaños por dos causas que no se sostienen: falso testimonio sobre unos nombramientos concretos diluidos entre cientos en los siete años que lleva operando el actual gobierno, lo cual es más bien difícil de demostrar, y malversación de fondos públicos por la contratación de una funcionaria como asesora de Begoña Gómez. Si esta última práctica fuera delictiva, habría que llevarse por delante entonces a todos los gobiernos anteriores sin excepción, dado que se trata de una práctica habitual.
El juez Peinado, desde mi punto de vista, se está luciendo en cuanto a pasarse el ordenamiento jurídico por debajo de la toga. Primero, como ya dije, por admitir a trámite unadenuncia basada única y exclusivamente en recortes de prensa y, así, contradecir la doctrina del Supremo. Que uno de esos titulares fuera un bulo de The Objective, reconocido por el propio pseudomedio, debería darnos una pista. Pero, además, está haciendo investigaciones prospectivas: no está investigando unos hechos denunciados que puedan ser constitutivos de delito, sino que está disparando de forma dispersa a ver si en una de estas da en el blanco. Buscar por todas partes a ver qué encuentra. Y eso, en esa España que tantos dicen defender, está prohibido.
Teniendo en cuenta que está actuando de forma contraria al Derecho y que, siendo jurista, se da por sentado que lo sabe, creo que las actuaciones de Peinado tienen un nombre peligroso y tipificado en el Código Penal: prevaricación. Pero esto es sólo una opinión y no una afirmación: es importante aclararlo, para que no quede duda, para que estas líneas no puedan ser denunciables y porque (ya lo habrán imaginado) confío lo mismo en la justicia española que en un caimán en ayunas metido en una piscina. Eso es lo que han logrado jueces como este. Y sin despeinarse, oiga.
