El juzgado de instrucción 2 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra dos exdirectivos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por intentar beneficiar con 15 millones de euros a la empresa de dos socios de uno de los acusados, a los que ha citado como imputados.
Los dos acusados han sido citados a declarar el 15 de enero y la víspera están citados varios testigos relacionados con el caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Tras admitir a trámite la denuncia, el juzgado también ha pedido a la Guardia Civil que le elabore un informe que permita esclarecer los vínculos económicos de uno de los acusados con dos empresas que, según la Fiscalía, serían las beneficiadas del informe que elaboraron.
Este informe pedido a la Guardia Civil ha sido el motivo por el que se ha retrasado hasta enero la toma de declaración de los acusados en el juzgado de instrucción 2, el mismo que investiga la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), al que le ha correspondido el caso tras el reparto realizado, han apuntado las fuentes.
Además, el juzgado ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir información técnica sobre el proyecto que dio origen a la denuncia y que afectaba al embalse cordobés de La Breña.
Los denunciados por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, son el ex Comisario de Aguas Rafael Álvarez Giménez y el exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica Agustín Pastor Turullols.
Los hechos de los que se acusa a Pastor, que fue destituido por el Ministerio de Medio Ambiente, podrían constituir los delitos de estafa procesal en grado de tentativa, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho.
Al ex Comisario de Aguas, la fiscal le acusa del delito de estafa procesal en grado de tentativa, del que pudiera ser cooperador necesario.
En su denuncia, la fiscal asegura que Pastor elaboró el 29 de diciembre de 2014 un informe, a petición de la empresa Salto de la Breña, sobre la presunta compatibilidad de la concesión vigente a esta sociedad con la construcción posterior de un nuevo embalse, La Breña II.
Este embalse tenía una capacidad ocho veces superior e inundó por completo la presa La Breña I, para cuyo aprovechamiento se le había otorgado la concesión.
La empresa pretendía demostrar que ese aprovechamiento era "factible" porque estaba contemplado en las bases del concurso para La Breña II y en la propia construcción de la presa que mantenía dicha compatibilidad, añade la acusación.
Pastor es socio de los miembros de la empresa beneficiada por su informe en las sociedades Gabinete de Promociones Costa Golf S.A y Transporte de Cenizas y Cementos (Trancesa), señala la fiscal.
Ese vínculo supone una "relación de confianza y unión de intereses económicos entre el denunciado y la empresa que resultaría beneficiada por su informe", indica la fiscal antes de apuntar que, "en todo este procedimiento, lo que se hallaba en cuestión era evidentemente el importe de la indemnización a percibir por parte de la empresa, cuya concesión había devenido en inútil".
Tras apuntar que el funcionario era "absolutamente incompetente para emitir el informe", la acusación recuerda que la Abogacía del Estado pretendía aportarlo en un pleito sobre la imposibilidad de ejecutar la sentencia que declaró la nulidad del rescate de la concesión otorgada a Salto de la Breña.
