Una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la comercialización del cangrejo rojo americano, catalogado como especie exótica invasora, ha movilizado a los vecinos del Bajo Guadalquivir para quienes la captura y venta de este crustáceo supone uno de sus principales motores económicos.
El Supremo ha atendido un recurso de grupos ecologistas y ha eliminado la excepcionalidad que permitía hasta ahora comercializar este cangrejo, del que se venden unos tres millones de kilos al año, la mayoría congelados para su exportación, con una facturación de veinte millones de euros y la generación de unos 150.000 jornales.
La decisión del Supremo ha alarmado a esta comarca aledaña a Doñana y el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE), lidera la defensa de esta actividad, que salvaguarda las rentas de miles de vecinos y es estratégicas para el empleo femenino de la zona.
"Hay una intranquilidad brutal porque se está perdiendo uno de los pilares económicos del municipio y se van a quedar sin un sustento económico gran parte de las familias del entorno", ha señalado Molero a Efe.
El alcalde isleño ha recordado los problemas para generar empleo en esta zona de marismas, la mayoría catalogadas como parque natural o nacional con escasa o nula actividad económica, y ha destacado que la captura y comercialización del cangrejo rojo complementa la renta de miles de familias que trabajan en la temporada del arroz, el otro pilar socioeconómico de la comarca.
Molero ha reclamado que se mantenga la excepcionalidad de la venta de este crustáceo "que hasta hoy ha funcionado perfectamente, ha sido una actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente y que ha regulado la población de cangrejos", ha subrayado.
El alcalde confía en las iniciativas parlamentarias que ya han anunciado la Junta de Andalucía y el PSOE para modificar la legislación sobre especies invasoras "y que se apruebe de una vez por todas la posibilidad de que el cangrejo se pueda pescar y comercializar para sustentar la economía familiar de la zona".
El cangrejo rojo americano fue introducido artificialmente en las marismas del Guadalquivir en 1973 por Andrés Salvador Habsburgo-Lorena, nieto del emperador Francisco José de Austria, quien lo importó del estado de Lousiana tras el declive de las poblaciones del cangrejo autóctono.
Desde entonces, este crustáceo americano se ha expandido de forma exponencial en las marismas de Doñana sin que se haya implementado ninguna medida de control o gestión de esta especie, de la que también se intentó comercializar sus betacarotenos con fines cosméticos.
El presidente de la Asociación de la Pesca y Acuicultura del entorno de Doñana, Valentín Murillo, ha destacado a Efe que sólo en Isla Mayor existen cinco comercializadoras de este crustáceo, que exportan el 85 por ciento de su producción y mantienen más de 150.000 jornales, la mayoría femeninos, en las cadenas de limpieza, envasado y congelación de colas de cangrejo.
Murillo ha recordado que, tras medio siglo de esfuerzos, España ha logrado ser el tercer mayor productor de cangrejo rojo del mundo, tras Estados Unidos y China, y el segundo mayor exportador.
En su opinión, la prohibición del Supremo eliminaría un producto español del mercado internacional "que sería sustituido por el mismo alimento, pero de origen extranjero".
"Llevamos casi medio siglo funcionando con esta especie, que se encuentra totalmente naturalizada en las marismas del Guadalquivir y en el entorno de Doñana", ha sentenciado.
Nicolas Roux, de Alcofan, una de las principales empresas cangrejeras de Isla Mayor, ha instado a las administraciones a que palíen lo antes posible el fallo judicial porque una paralización temporal de sus ventas les haría perder unos mercados que han constado décadas conquistar.
El veterano naturalista de Doñana Beltrán de Ceballos, ha dicho a Efe que este crustáceo es una especie "determinante" tanto para este ecosistema protegido, del que "forma parte activa porque de su abundancia dependen numerosas especies", como para el "socioecosistema" de la comarca porque forma parte de la economía de estos pueblos y "es absolutamente capital" en el caso de Isla Mayor.
De Ceballos advierte de que la prohibición de la comercialización del cangrejo rojo expandiría sus poblaciones hasta arruinar las 35.000 hectáreas de arrozales de la zona, lo que irremediablemente se intentaría evitar con un uso indiscriminado del veneno, letal para el futuro de Doñana.
