La juez María Núñez, que instruye el caso de los ERE, ha archivado las actuaciones penales contra cuatro acusados, uno de ellos el alcalde de Santiponce (Sevilla), José López González (IU), por la prescripción de los presuntos delitos, decisión que se suma a los 12 archivos que acordó hace dos semanas.
Para ello, la instructora explica que los presuntos delitos de prevaricación y malversación han prescrito porque la ayuda que concedió la Junta al Ayuntamiento de Santiponce (30.050 euros) es inferior a los 450.000 euros y han pasado más de diez años desde que se recibió y se iniciaron las acciones judiciales por esa subvención.
Tras recordar que la Audiencia abrió esa vía de prescripciones, la juez archiva la causa contra el alcalde, que lo era en 2003, así como contra el interventor municipal, Ignacio Herrera, a los que cita como testigos, y contra el secretario del Ayuntamiento, Santiago Pozas, que ha fallecido, según recoge un auto al que ha accedido Efe.
En la misma resolución, la juez abre una pieza por esa ayuda y cita el 7 de junio como investigados, antes imputados, al exconsejero de Trabajo Antonio Fernández y al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, mientras que lleva al Ayuntamiento al proceso como responsable civil a título lucrativo de la ayuda.
La juez afirma que la ayuda concedida se hizo mediante una transferencia bancaria con cargo a la partida 31L, que Guerrero bautizó como "fondo de reptiles", y se usó en su totalidad al destino para el que se concedió.
La decisión de la juez se ha producido después del atestado que ha recibido del equipo de delitos económicos de la Guardia Civil sobre la ayuda concedida por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Santiponce.
La juez recuerda que abrirá una pieza por cada atestado de la Guardia Civil que reciba sobre ayudas directas o sociolaborales.
En otro auto, la juez también archiva la acción penal contra el administrador único de la empresa gaditana Electrificaciones Roma SL, Luis Arturo Romero, por una ayuda de 90.151 euros que le concedió en 2003 la Junta de Andalucía.
La juez usa los mismos argumentos que en el anterior caso para decidir este archivo, y en la nueva pieza que abre tras un atestado de la Guardia Civil, también cita como investigado a Guerrero, así como al secretario general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) José Oyonarte y al director de finanzas del IFA Pablo Millán.
Además, acuerda llevar al proceso, como responsable civil directo en su condición de partícipe a título lucrativo, a Electrificaciones Roma.
En otros dos autos más, la juez abre otras dos piezas por los ERE de Azucareras Reunidas de Jaén, que afectó a 261 trabajadores, y de Fundaciones Caetano, de Camas (Sevilla), en el que vuelve a imputar a Guerrero, a su sucesor en el cargo, Juan Márquez, al viceconsejero de Trabajo Agustín Barberá y al trabajador de Vitalia Jesús Bordallo.
En los ERE de Fundación Caetano, según la juez, no hubo "intrusos" y en el primero, aprobado en 2004 para 21 trabajadores, Guerrero autorizó una póliza de 694.597 euros, y en el segundo, de 2006, la póliza ascendió a 2,9 millones para 18 trabajadores.
La juez afirma que en este ERE se produjo una sobrecomisión 460.296 euros, que supuso un 17,13 % frente al 2 % que se fijaba de media.
