La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado a la juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el caso Magrudis tras el brote de listeriosis producido el pasado verano, una fianza de más de 3,4 millones de euros, y en su defecto la realización de embargos. Se trata de la cantidad en la que ha tasado la Administración autonómica el perjuicio y los gastos causados por el brote en los hospitales públicos andaluces.
En su escrito, consultado por Europa Press, la Junta fija esta cuantía y detalla que, fecha del 24 de enero de 2020, la Consejería de Salud ha recopilado la documentación relativa al coste asociado a los procedimientos asistenciales ligados a la alerta de listeriosis.
En concreto, señala que el gasto ocasionado en los centros públicos para la atención de las mujeres embarazadas asintomáticas ha sido de más de 1,2 millones de euros, mientras que para el resto de los afectados ha sido de más de 2,1 millones de euros.
Por su parte, tanto Facua-Consumidores en Acción como la plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, pidieron una fianza, respectivamente, de 1,5 millones de euros.
Se tratan de medidas cautelares tendentes a asegurar las responsabilidades civiles que puedan derivarse del presente procedimiento, recoge el escrito judicial del equipo jurídico de la asociación Facua.
En concreto, solicitan estas cantidades económicas y medidas para el embargo de los bienes de la mercantil Magrudis, así como el patrimonio de sus administradores, trabando las cuentas de la sociedad y de la maquinaria, materiales, vehículos, propiedades y cantidades pendientes de cobro por la empresa de material cárnico vendido anterior al brote, no contaminado y que aún no le hayan pagado.
El último informe de la Ucoma de la Guardia Civil recoge que se han localizado varios bienes inmuebles propiedad del comercial de Magrudis y de los dos propietarios de la empresa que comercializaba la carne mechada sin marca fabricada por la primera, mientras que no consta ninguno a nombre del presunto cerebro del entramado, José Antonio Marín Ponce, sus dos hijos, su esposa, la mujer y el cuñado de ésta, todos ellos imputados en la causa. La investigación también ha localizado varios vehículos y pequeñas cantidades en cuentas bancarias.
