El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, ha constituido este lunes el Consejo Municipal de Consumo, un órgano de naturaleza participativa y consultiva que en su primera sesión ha abordado, entre otras cuestiones, el plan de actuaciones prioritarias de inspección y control que el servicio de Consumo está realizando en establecimientos de alimentación para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la COVID-19.
La sesión de constitución de este órgano, que está integrado por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, organizaciones de consumidores y vecinales, entidades del ámbito empresarial, así como otras administraciones como la Junta de Andalucía, ha estado presidida por el delegado de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Francisco Páez.
Durante la sesión, el delegado ha informado sobre estas actuaciones prioritarias de inspección y control que se están llevando a cabo por parte de Consumo de acuerdo a la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus una vez superado el estado de alarma. Respecto a esto, el delegado ha destacado “el alto nivel de cumplimiento de las medidas por parte de los establecimientos de alimentación —que son la competencia de esta Área— para ofrecer la máxima seguridad a los consumidores”. También ha incidido en la coordinación con la Junta de Andalucía en esta materia y en la “inmediata notificación de cualquier incidencia que por parte del Servicio de Consumo se detecte en relación a incumplimientos de las medidas de seguridad establecidas para evitar la propagación de la COVID-19”.
Además, Páez ha señalado también que, tal y como se ha acordado en el Consejo Municipal de Consumo, se solicitarán tanto a la Policía Local y al servicio de Medio Ambiente informes sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de otro tipo de establecimientos para comprobar el grado de cumplimiento en el resto de sectores. “Desde este Consejo queremos impulsar todas las medidas encaminadas a garantizar la seguridad del consumidor, un objetivo para el que tanto las administraciones como los empresarios y las organizaciones tenemos que trabajar de forma conjunta por una cuestión, sobre todo, de salud pública y para posibilitar la reactivación económica de la ciudad”, ha apuntado el delegado.
Por otra parte, Páez ha realizado un balance de las actuaciones del Servicio de Consumo en 2018 y 2019, destacando aspectos como la tramitación de consultas y reclamaciones de los ciudadanos por parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y los arbitrajes llevados a cabo por la Junta Arbitral de Consumo. En este sentido, ha detallado que la Junta Arbitral de Consumo ha continuado su actividad durante el estado de alarma de forma telemática, recuperando la atención presencial desde el pasado 1 de junio con cita previa. La celebración de audiencias, que sí quedó suspendida debido a su naturaleza presencial durante el estado de alarma, se recuperará a partir del mes de septiembre.
Por último, el delegado ha avanzado a las organizaciones de consumidores que la línea de subvenciones destinadas a estas entidades cuenta este año con un presupuesto de 39.000 euros. Al igual que en ediciones anteriores de esta convocatoria, estas ayudas tienen como finalidad financiar proyectos específicos de información y educación de consumidores y usuarios; la realización y publicación de estudios en materia de consumo; cubrir gastos de funcionamiento; y el desarrollo de actividades de formación.
