El Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla ha extinguido en la mañana de este lunes un incendio sin heridos declarado este domingo en Recilec, la empresa de reciclaje de material electrónico en la que el día 14 de este mes fueron detenidos cinco directivos y se les abrió investigación a dos trabajadores por presunto trato inadecuado de residuos nocivos y fraude de 16 millones.
Fuentes de los bomberos han confirmado a Europa Press la extinción del incendio. Por otro lado, el alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, municipio donde se ubica esta empresa, ha explicado en Facebook que el incendio comenzó sobre las 16,30 horas y se activó incluso el Plan de Emergencia Municipal, en primer lugar por el sentido del viento, que llevaba el humo tóxico hacia el municipio, y en segundo para poder evacuar las empresas colindantes a esta.
Fernández explica que en las tareas de extinción han participado más de 40 efectivos, entre once camiones autobomba, patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, Policía Local y Guardia Civil, Protección Civil, una ambulancia y una unidad técnica del servicio Emergencias 112.
"A los trabajadores como a la dirección de esta empresa quiero expresarle desde aquí que tienen el apoyo institucional y personal. Ánimo y a seguir adelante", finaliza en su escrito el alcalde.
La actuación de la Guardia Civil en esta empresa, ubicada en el Polígono de Actividades Medioambientes, se conoció el 14 de julio, cuando detuvo a cinco directivos y abrió investigación a dos trabajadores a quienes les imputa delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales.
Bautizada como operación Raecash, todo comenzó hace tres años a raíz de una información del Seprona relacionada con traslados transfronterizos de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar con destino a la empresa investigada. En este sentido, el instituto armado ha constatado la "posible falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado".
De esta manera, indica que se incrementaban los beneficios económicos, por lo que el fraude ha podido superar los 16 millones de euros en los últimos años.
La empresa mercantil investigada acapara la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía. Los residuos "supuestamente reciclados" son aparatos como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y, sobre todo, los conocidos como termos eléctricos, cuyo aislante posee el citado gas y que, en el caso de no recuperarlo, se emite directamente a la atmósfera.
Recuerda que la emisión de estos gases es especialmente perjudicial para la capa de ozono, además del riesgo que conlleva tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.
Además de los gases refrigerantes, el Seprona detecta la presunta falta de tratamiento de otros tipos de residuos considerados muy peligrosos, cuya manipulación "podría haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de la empresa, además de provocar daños en el medio ambiente".
En este sentido, según un informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en aproximadamente ocho millones de euros en los años investigados.
Tras la finalización de su vida útil, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), necesitan de un tratamiento para su correcta eliminación, sufragado por los productores de electrodomésticos, los fabricantes. Esta gestión es canalizada a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), organizaciones sin ánimo de lucro, que financian a los gestores de residuos que realizan el citado tratamiento.
En las inspecciones que ha realizado el Seprona, ha comprobado la "falta de control e incorrecto tratamiento de los denominados RAEE, cuya normativa vigente, insta a su reutilización". De acuerdo con las diligencias entregadas en el Juzgado número 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), no se descartan nuevos implicados en otras provincias de Andalucía.
