Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Torre Pacheco (Murcia) una operación más para acabar con la explotación laboral en el sector agrícola en la Región de Murcia. Un operativo llevado a cabo por especialistas de la Policía Nacional en el área de extranjería y que se ha saldado con un total de 43 detenciones.
La Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) seguía la pista de una organización que podría estar llevando a cabo la captación de ciudadanos extranjeros en situación irregular para, aprovechando su precaria situación, ofrecerles trabajo en el campo con unas condiciones abusivas que no respetaban en ninguno de sus puntos el convenio colectivo de trabajo agrícola forestal y pecuario de la Región de Murcia.
Esta investigación se convirtió en un operativo para acabar con la explotación a la que estaban sometidas sus víctimas, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.
Los investigadores se dieron cuenta que las personas que estaban trabajando en ese momento se estaban haciendo pasar por terceras personas, es decir, trabajaban usurpando la identidad de un ciudadano en situación regular en el país para dar apariencia de legalidad a la actividad laboral ante una posible inspección. Pero este extremo no pasó desapercibido para los investigadores y practicaron 10 detenciones por delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental.
De esta manera, la organización se beneficiaba pagando a los trabajadores irregulares un salario bastante inferior y, de manera paralela, favorecía a los falsos trabajadores, pues sin actividad laboral cotizaban a la seguridad a efectos de solicitud de posibles subsidios y prestaciones, por lo que se trataba de todo un fraude al erario público.
25 VÍCTIMAS EXPLOTADAS LOCALIZADAS POR LA POLICÍA NACIONAL
Durante la inspección que se llevó a cabo en la finca agrícola la Policía Nacional localizó a 25 personas que estarían empleadas de manera irregular. Trabajadores que no tenían los permisos necesarios y que eran captados por la organización para trabajar en el sector agrícola bajo unas condiciones laborales deplorables.
Los agentes de la UCRIF concretaron que las víctimas explotadas cobraban según trabajaban, ganando a penas un euro por caja recolectada, sin derecho a vacaciones y teniendo incluso que comprarse ellos mismos el material de trabajo.
Finalmente la operación culminó con 43 arrestos, muchos de ellos por infracción a la ley de extranjería, pero la UCRIF consiguió vincular a ocho de los detenidos con los delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra, y a otros ocho por delito de usurpación de identidad.
