El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Les Corts, Josep Nadal, ha presentado una propuesta para que el Consell inste al Gobierno de España a revisar la prohibición de las quemas agrícolas, prevista en la Ley estatal de Economía Circular, y que adopte medidas transitorias.
Según ha señalado Nadal en un comunicado, "la Ley ha cambiado la naturaleza jurídica de los restos agrícolas y forestales puesto que ahora se consideran, a efectos legales, como residuos. Esto ha provocado un desconcierto en el sector y lo que tendría que hacer el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es clarificar qué entiende por residuo agrícola en aquello que afecta a las quemas agrícolas".
"Nos encontramos con que la ley cuestiona la necesidad del uso del fuego como sistema de eliminación de restos agrícolas. Pero hay que decir que su prohibición total, sin una transición gradual y una programación realista, resulta muy difícil porque no existen, a priori, alternativas que puedan, por ejemplo, servir para eliminar materia vegetal de ribazos o que hagan viable técnicamente y/o económicamente otra alternativa inmediata", ha expuesto el parlamentario.
Aun así, ha hecho hincapié en que, entendiendo la diversidad territorial en todo el Estado, "su prohibición no es viable y eficiente, entre otros casos, en explotaciones agrarias de escasa dimensión, muchas de ellas situadas en territorios de dificultad orográfica".
Según expone, este es el caso de la estructura agraria valenciana, "donde las explotaciones se estructuran en abancalamientos de escasa anchura que tienen que ser protegidos para evitar la erosión", ha explicado el diputado de Compromís. "Además, hemos de tener en cuenta que la quema de rastrojos y de restos de poda se emplea para mantener una adecuada sanidad vegetal, y también para prevenir una acumulación de material combustible que podría desencadenar incendios graves", ha detallado.
Aun así, "todavía no existe una cadena de gestores de residuos agrícolas autorizados bastante adecuada y capilar territorialmente para dar el alcance y respuesta a todos los restos agrícolas que actualmente se producen dentro de la actividad. Y tampoco hay una economía asociada al transporte y tratamiento de estos residuos que haga económicamente viable esta transformación".
Por otro lado, en cuanto a la adopción de medidas transitorias, el diputado ha subrayado el trabajo de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana "que, recientemente, ha aprobado la orden de agrocompostaje, que ha convocado por 300.000 euros las ayudas para promover alternativas a las quemas como método de eliminación de restos agrícolas para el ejercicio de 2022".
"Es la primera vez que se convoca este tipo de subvenciones, y se orientan a la adquisición de maquinaria para el tratamiento de restos agrícolas, contratación de personal para la utilización de esta maquinaria y/o contratación del servicio de trituración, compostaje o valorización de la biomasa de restos agrarios a una empresa externa. Así mismo, existen otras medidas para racionalizar las quemas que puedan provocar perjuicios como, por ejemplo, su programación según las condiciones meteorológicas y atmosféricas, que también se está impulsando por parte de la Conselleria, y a las que el Gobierno central podría tomar como ejemplo", ha concluido el diputado.
