El Ayuntamiento de Valencia comunicó al Valencia CF, según hizo público el propio consistorio, que aplaza las negociaciones de un convenio urbanístico con el club hasta que se reanuden las obras del Nou Mestalla tras más de quince años paradas.
Asimismo, anunció que tramitará la licencia solicitada por el Valencia hace meses.
“El Ayuntamiento se limitará a tramitar la licencia solicitada por el club, siempre que el Valencia C.F. responda satisfactoriamente a los requerimientos de documentación y aclaraciones que puedan hacerle los funcionarios responsables de la tramitación de tal licencia”, aseguró en un escrito.
Desde el consistorio apuntan que solo “en el momento en que el Valencia C.F. reanude efectivamente las obras se entablarán negociaciones para avanzar en un convenio que partirá del borrador realizado por el anterior gobierno municipal, aunque con incorporaciones que garanticen que el club cumpla con la ciudad”.
Entre esas nuevas exigencias estará “una programación temporal de las obras con penalidades en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario” y también el “detalle de las fuentes de financiación de las obras”.
Además, el Ayuntamiento ha trasladado al club que “no existirá ningún incremento, ni cuantitativo ni cualitativo, del aprovechamiento urbanístico que el planeamiento vigente reconoce a las parcelas titularidad del Valencia C.F” y que “no se otorgará licencia alguna respecto de las parcelas de aprovechamiento lucrativo privado del nuevo estadio sin que, previamente, se haya ingresado en la Tesorería la cantidad correspondiente a la construcción del polideportivo municipal de Benicalap, con IVA incluido”.
“Tampoco se aprobará la reparcelación de los terrenos en los que se ubica el Mestalla e inscribirán las fincas de resultado sin que, previamente, el nuevo estadio esté totalmente construido y en funcionamiento y se haya demolido el Mestalla o garantizada su demolición mediante aval bancario”, concluye.
El consistorio anunció que pedirá que el Valencia CF “desista de los recursos contencioso-administrativos presentados contra los actos de la Generalitat Valenciana de denegación de prórroga y declaración de la antigua ATE”.
