Los agentes de la Guardia Civil que han investigado las facturas con las que Francis Puig -hermano del expresidente Ximo Puig- justificó las ayudas recibidas desde el Ejecutivo autonómico para el fomento del valenciano creen que incluyó entre los gastos subvencionados el alquiler de una vivienda de su hermano Jorge Puig en la provincia de Teruel.
El equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un supuesto fraude en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.
El juzgado encargó en agosto de 2022 un informe sobre los proveedores que emitieron facturas a las empresas investigadas para acreditar la realidad de los servicios prestados.
En el examen realizado por los agentes se han encontrado varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior Consell del Botànic.
El referido informe concluye que entre las facturas aportadas por empresas controladas por Francis Puig para justificar las subvenciones recibidas por la Generalitat Valenciana se incluyeron las relativas al pago del alquiler del chalé de Jorge Puig -uno de los hermanos del expresidente Ximo Puig- en la localidad de Penyarroya de Tastavins (Teruel).
Otras de las empresas que facturaron a las firmas investigadas entregaron a los agentes -que reclamaron la justificación de los trabajos realizados- multitud de vídeos en los que no se habla valenciano o sin los logotipos de las empresas y que podrían haber incumplido el objeto de las subvenciones recibidas.
Entre la documentación entregada para justificar contenido radiofónico, los agentes hallaron vídeos o documentos para prensa escrita con inserciones publicitarias que, a su juicio, demuestran que los referidos contenidos no se realizaron en exclusiva para Comunicacions dels Ports sino que fueron diseñados para su venta al público en general, con lo que tampoco responderían al objeto de las subvenciones.
La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario Juan Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol.
En concreto se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.
