La Guardia Civil, en el marco de la operación Pertur, ha investigado a un varón por realizar grabaciones con un teléfono móvil escondido en el interior de un aseo en un mercado municipal de la provincia de Alicante. Las víctimas eran dos hombres, un distribuidor de mercancías y el cuñado del investigado, quien trabajaba con el sospechoso en el mismo puesto del mercado.
Los hechos se iniciaron en noviembre del pasado año, cuando la víctima descubrió un teléfono móvil grabándole sin su consentimiento en el aseo público del mercado municipal de una población de la comarca del Medio Vinalopó. El denunciante, quien estaba haciendo repartos de mercancía en dicho mercado, encontró el dispositivo encendido y grabando dentro de una papelera, con el objetivo dirigido hacia la zona del retrete. Inmediatamente, decidió interponer una denuncia y entregar el teléfono móvil en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Pola.
Para esclarecer los hechos denunciados y analizar los datos del teléfono móvil, el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Sax se hizo cargo de las pesquisas, dando inicio a la operación Pertur.
Durante la investigación, los agentes centraron sus sospechas en un trabajador del mercado, un varón de 55 años sin antecedentes penales. A medida que analizaban el dispositivo móvil y su tarjeta de memoria, los investigadores hallaron nuevos archivos de video realizados entre los años 2022 y 2023 en el aseo del mercado, algunos de ellos editados.
El cuñado del sospechoso, quien también trabajaba en el mismo puesto que el investigado, aparecía en alrededor de 30 de estos archivos, lo cual hizo sospechar a los agentes que este era el objetivo principal del supuesto delincuente.
Confirmada la autoría de los delitos por parte del sospechoso, los agentes procedieron a comunicar los hechos al Juzgado de Instrucción nº 2 de Novelda, que investigó al individuo por los dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Esta actuación subraya el compromiso de la Guardia Civil en la protección de la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, reafirmando su labor en la lucha contra delitos que atentan contra la intimidad de las personas. Además, recuerda que este tipo de actuaciones pueden conllevar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales en los casos más graves, como en este caso.
