Una de las acusaciones en la causa que investiga a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana ha solicitado ampliar las diligencias a practicar, unas nuevas pruebas que considera "clave".
La petición tiene lugar después de que a finales de junio la sección cuarta de la Audiencia de València decidiera reabrir la causa que investigaba a Oltra y quince personas más por estos hechos porque, según convino, "no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal" y concurren "indicios suficientes para encausar a los investigados".
Según ha explicado a EFE el abogado Pablo Delgado, en representación de la acusación popular conformada por la asociación Gobierna-te, se ha solicitado el tráfico de comunicaciones de Oltra, así como la declaración como testigos de los agentes de policía a los que la menor informó de los abusos y los que la trasladaron a declarar sobre estos hechos.
Delgado ha indicado que esta solicitud de nuevas diligencias era una posibilidad que daba la Audiencia de Valencia en su última resolución, y esta acusación popular las reclama por considerarlas "necesarias, clave, para la correcta resolución de la causa", para llegar a un juicio de modo "correcto".
Según el abogado, los informes de la Policía Judicial concluyen que hubo un borrado de correos electrónicos, conversaciones, contactos que "estaban ahí susceptibles de ser investigados".
"Hubo un comportamiento anómalo, pues, de la Administración, porque -estas comunicaciones- podrían haber sido una prueba del delito a atribuir a Oltra y a algunas de las personas de su entorno investigadas, no todas", ha manifestado.
Así, entiende que debe investigarse este extremo y que se explique, por ejemplo, cuáles fueron los criterios de borrado.
"Hay un expediente administrativo extraordinario -tras la denuncia de los abusos- que se llama 'secreto' y cuya promoción sale de una orden de la Conselleria -de Igualdad-, y el resultado de ese expediente resulta que no pretende investigar el asunto sino exculpar al exmarido de Oltra. Y, más aún: cuando se condena al monitor, se mantiene para exculparle", ha sostenido Pablo Delgado.
A su juicio, investigar esos correos, llamadas, comunicaciones resulta "clave" porque el dolo -intención- que podría demostrarse o extraerse de cómo se actuó marcaría la existencia de un tipo delictivo u otro a imputar a Oltra y otros investigados en la causa.
Entiende que el expediente administrativo que se abrió fuera "secreto" para preservar los derechos de la tutelada, y siempre es así en el caso de una menor, pero esta acusación reclama "conocer todo el tráfico administrativo que hubo alrededor de ese expediente, porque en esta causa no existe, se ha borrado".
"Queremos saber qué, quién y por qué se borró todo esto", ha reclamado, porque "hay anomalías, casualidades extrañas" que despejar para resolver la causa.
