La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha remitido al Decanato el fallo de la reciente sentencia del caso Imelsa contra el exvicealcalde de València con el PP Alfonso Grau junto con los testimonios prestados por su exasesor Jesús Gordillo para que se investigue si mintió en el juicio.
Según consta en un auto de aclaración de la sentencia que se conoció el pasado julio, el presidente de la Sala, José Manuel Ortega, recuerda que tanto la Fiscalía como la acusación popular, que ejercía Compromís, pidieron que se dedujese falso testimonio contra Gordillo por su declaración en el juicio oral.
Así, expone que los magistrados que presidieron las vistas habían considerado procedente acceder a esa petición por el contenido contradictorio de las declaraciones de Gordillo en fase de instrucción y durante el juicio.
Durante su declaración, el pasado mes de enero, el exasesor del exvicealcalde de València, que fue quien reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ofreció una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.
A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor atribuyó a un empresario ya fallecido la propiedad de 350.000 euros en efectivo (destinados según la sentencia para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau.
Preguntado en la sala por este cambio de versión, Gordillo dijo que declaró "presionado" ante la Guardia Civil, que fue víctima de "preguntas capciosas o malintencionadas", que su situación de salud "no era buena" y que, además (esto lo dijo cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró "en una calle poco transitada de València" y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.
En este proceso, una de las piezas separadas del caso Imelsa, Alfonso Grau, de 83 años, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho.
Se trata de la segunda condena para Alfonso Grau por asuntos de corrupción política, tras la confirmada en octubre de 2023 por el Supremo por un delito de cohecho por aceptar regalos por parte de un contratista municipal.
Como consecuencia de la segunda condena, el Comité de Derechos y Garantías del PP acordó su expulsión del partido el pasado mes de agosto.
