Veinticuatro horas después de que Tamara Manzano abandonara el piso propiedad de Procasa ocupado indebidamente en Guillén Moreno y en víspera de la manifestación este sábado por el derecho al acceso a una vivienda, el debate en torno a la crisis inmobiliaria en Cádiz arrecia, con el foco puesto ahora en la presión de los propietarios sobre los vecinos. Adelante Izquierda Gaditana ha denunciado por medio de un comunicado que tres familias gaditanas van a ser desahuciadas de la finca número 3 de la plaza Fragela, tras la adquisición del inmueble por parte de una constructora sevillana para construir once viviendas de lujo.
La empresa ha comprado el edificio con cinco familias gaditanas residiendo en su interior en régimen de alquiler, aunque dos se han visto ya obligadas a marcharse. Una de las familias que aún permanecen, una madre con dos hijos, ha pedido a la constructora seguir residiendo en su domicilio -en el que lleva 10 años- con un nuevo contrato de arrendamiento o incluso a través de una operación de compra del mismo, pero no han aceptado ninguna de estas dos propuestas. A cambio, le han ofrecido únicamente una vivienda en “un barrio obrero de Sevilla”, opción que ha descartado puesto que supondría tener que renunciar a su puesto de trabajo en la capital gaditana, asegura la formación. Esta familia ha acudido a la Delegación municipal de Asuntos Sociales y también a Procasa para denunciar su situación. No obstante, en la empresa municipal de Vivienda no le han ofrecido asesoramiento ni tampoco mediación con la empresa, a pesar de que así lo establece el Protocolo Antidesahucios de Procasa. Sí, en cambio, le han preguntado si no contemplan irse a vivir fuera de Cádiz, sostiene.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Cádiz ha puesto en marcha las Brigadas Inquilinas para alertar e informar a vecinos que se encuentran en riesgo de expulsión por la venta de los edificios en los que residen.
En la primera actuación llevada a cabo, Andrés Pradillo, portavoz de la organización, explica que se han reunido con los residentes en dos fincas en la calle San José. En una de ella, el sindicato ha constatado el incremento del 100% del precio del alquiler, al pasar de unos 400 euros a 800. En la otra, los inquilinos ignoraban que el edificio está ahora mismo en el mercado y denunciaron el estado del abandono de las zonas comunes porque, temen, tratan de echarlos de sus hogares. Pradillo ha explicado que mantendrán nuevos encuentros para determinar cómo abordar ambos casos.
La organización denuncia que actualmente “decenas de fincas y edificios enteros se encuentran en venta en nuestra ciudad. Muchos de ellos con inquilinas e inquilinos dentro”. Según sus datos, más de 30 familias se encuentran en situación de “riesgo inmediato de expulsión”.
La intención es que las Brigadas Inquilinas se repitan mes a mes tras la movilización del 5 de abril en Cádiz, bajo el lema “Acabemos con el Negocio de la vivienda”, que se celebrará simultáneamente en más de 30 ciudades.
