La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha señalado este jueves que según el último boletín estadístico publicado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, a 31 de marzo, en Huelva se encuentran activos en 1.568 casos; de los que nueve tienen un tipo de protección alto y 196 de protección media.
Así lo ha indicado la institución en una nota en la que ha señalado que en la provincia hay 20 municipios cuyos cuerpos de Policía Local se han adscrito al Sistema VioGen, lo que "representa el 6,83% del total de 278 municipios adscritos en Andalucía".
Estos son los datos que se han señalado durante una reunión mantenida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, y la jefa de la Unidad de violencia sobre la Mujer con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos de la AGE y otras instituciones con competencias en materia de violencia de género, para abordar los cambios introducidos por el Ministerio del Interior en el Sistema VioGen 2.
También se ha mantenido una reunión con entidades y asociaciones que trabajan en la provincia con mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución, materias del ámbito competencial de la Delegación del Gobierno.
Tras la publicación este miércoles del informe sobre víctimas mortales por violencia de género en el año 2024, la subdelegada del Gobierno ha recordado a la víctima del último asesinato machista ocurrido en el municipio de Cartaya el pasado 24 de abril, que elevaba a diez la serie histórica de mujeres asesinadas en Huelva desde el inicio de su contabilización en 2003.
En la reunión se han analizado los cambios introducidos por el Ministerio del Interior en el Sistema VioGen 2, que incorpora avances para mejorar la gestión y protección de las víctimas de violencia de género, así como para mejorar la coordinación entre instituciones, adaptándose también a las nuevas formas de violencia, como la ciberviolencia.
En este encuentro, los responsables de Guardia Civil y Policía Nacional han aportado las cifras de violencia de género y otras violencias machistas y su evolución en la provincia, mientras que los otros organismos asistentes ha aportado las cifras relativas a su respectivo ámbito de gestión y han expuesto las principales dificultades que detectan para que las mujeres víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales acudan a los recursos disponibles de carácter policial o asistencial que tienen a su disposición, lo que "dificulta su protección y su recuperación".
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género también se ha referido a la reciente renovación del Pacto de Estado que amplía su marco de actuación. En este sentido, la violencia vicaria, la digital y la económica dentro de la pareja, se incorporan a los ejes del pacto y las medidas contempladas, pasando de 290 a 461, ha explicado.
Estas acciones abarcan múltiples ámbitos, desde la prevención hasta la protección y el apoyo a las víctimas, además de la sensibilización y la educación para erradicar "la cultura machista que perpetúa la violencia", prestando "especial atención" a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.
RENOVACIÓN DEL PACTO
Rico ha explicado que la renovación del pacto viene acompañada de "un incremento de su presupuesto del 50%, con más de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años", así como que entre las nuevas medidas "se pretende mejorar, en el ámbito de la violencia vicaria, la prevención y detección de este tipo de violencia sufrida por los menores, que serán contemplados como víctimas de violencia de género, igual que sus madres".
Por otro lado, se ha destacado que la violencia digital es una de las violencias sufridas por mujeres "que más rápido han crecido en los últimos años". Por ello, la renovación del pacto plantea formación para niñas, niños y adolescentes con el fin de realizar "un uso crítico" de Internet y de las redes sociales.
Además, el pacto propone por primera vez tipificar como delito la violencia económica como una forma de violencia de género, contemplando actuaciones como el impago de las pensiones, la administración desleal, el fraude o la descapitalización para reducir o impedir el bienestar de las víctimas y sus hijos.
Carmen Martínez y Rico han destacado el "compromiso" del Gobierno para el desarrollo de programas y la prestación de servicios "que garanticen el derecho a la asistencia social integral" a las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y la atención a los hijos menores de edad; programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas, y la implementación de la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados.
Ambas han coincidido en "se trata de un crecimiento superior al 58% impulsado por este Gobierno en los últimos años, consciente de la necesidad de que los compromisos y las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista deben ir acompañados del compromiso tácito de partidas económicas que hagan posible la implementación en los territorios de todas las medidas posibles para informar, prevenir y proteger a las víctimas, a las mujeres y a los menores".
La jornada finalizó con un encuentro de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, acompañada de la subdelegada del Gobierno y la directora de Programas del IAM en Huelva, Laura Sánchez.
