El juicio del caso Erial, en el que está procesado el exministro y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, comenzará el próximo 1 de febrero en la Audiencia de Valencia y se prolongará posiblemente hasta junio.
Inicialmente, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia había fijado la fecha del 9 de enero para el inicio de las vistas, pero la baja del fiscal anticorrupción que ha dirigido la totalidad de la instrucción y que estará presente en el juicio obligó a retrasar un mes esta macrocausa.
El calendario, que todavía podría sufrir cambios, contempla un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.
En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.
La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque estuvo ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.
Las peticiones de condena
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.
Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).
También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.
Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
El origen de las corruptelas
El origen de los fondos ilícitos que supuestamente manejaba Zaplana está en los concursos que la Generalitat Valenciana lanzó para privatizar las ITV y las concesiones de parques eólicos, que se diseñaron con "condiciones subjetivas" para que determinadas sociedades se hiciesen con las licitaciones "en perjuicio de otros competidores", siempre según el fiscal.
Y para que eso fuese posible se crearon las condiciones necesarias en los "órganos políticos del más alto nivel".
Para este primer amaño, el fiscal cree que Zaplana se concertó con el fallecido Juan Cotino, que fue director general de la Policía, entre otros cargos, ya que varias empresas controladas por sus familiares resultaron adjudicatarias en ambos concursos (ITV y parques eólicos).
De hecho, Vicente y José Cotino, a través de sus sociedades Sedesa y Asedes, es a quienes Anticorrupción señala como responsables de la creación de la estructura societaria necesaria en España y Luxemburgo para adjudicarse los contratos y también, según el fiscal, para canalizar sobornos por 6,4 y 2,18 millones de euros.
Estos fondos pasaron supuestamente a una empresa propiedad de Zaplana que fue gestionada por Beatriz García Paesa -sobrina de Francisco Paesa- primero y por el abogado uruguayo Fernando Belhot después. Éste último ha colaborado con la Fiscalía y ha facilitado la recuperación de fondos que supuestamente proceden de las citadas corruptelas.
Los Cotino se hicieron con las ITV de Castellón, Vila-Real y Vinaròs por 5,8 millones de euros en 2002 y dos años después vendieron su participación por 43 millones.
Con los beneficios obtenidos en esta adjudicación, supuestamente amañada, Vicente, José y Juan Cotino "empezaron a utilizar las estructuras societarias diseñadas con la finalidad de traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana", sostiene el fiscal.
Si a estas operaciones se suman los beneficios obtenidos por la venta de participaciones en la sociedad pública Proyectos Eólicos Valencianos, obtenidas también al parecer vía concesiones amañadas, el clan Cotino obtuvo un total de 86,5 millones de euros, lo que a juicio de Anticorrupción "justifica el elevado importe de las comisiones abonadas".
