El alcalde de Cádiz, Bruno García, da las gracias “de antemano” a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por el interés que, a buen seguro, tendrá con la propuesta formulada por el equipo de Gobierno para que se implique en la construcción de vivienda pública en la antigua escuela de Náutica.
En la misiva que ha remitido, tal y como se comprometió hace una semana, y a la que ha tenido acceso VIVA CÁDIZ, el primer edil recuerda que “en los últimos meses hemos podido ver los numerosos anuncios realizados por el Gobierno de España que usted representa acerca de su voluntad de promover la construcción de vivienda pública y la intención del Ejecutivo de transformar la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) en una sociedad que gestione el parque público de vivienda del Estado”. De hecho, apunta, “hemos visto también cómo esta intención ya se ha materializado en nuestra ciudad hermana de San Fernando, donde SEPES ha adquirido dos solares del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para construir 71 viviendas”.
“En este sentido, y aunando el interés del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, y este Ayuntamiento con la necesidad de construir nuevas viviendas en la ciudad y la oportunidad que se ha creado en el antiguo edificio de Náutica, desde este equipo de Gobierno queremos hacerle una petición que ya ha sido respaldada en el último Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cádiz celebrado el pasado día 30 de enero”, plantea.
Bruno García apela, igualmente al acuerdo en torno a Navalips, que involucra al Gobierno de la Nación y el Ayuntamiento de Cádiz para la creación de unas 800 viviendas, de las que el 50% sería de renta libre y el otro 50% de protección oficial.
Asimismo, detalla las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en la ciudad, las 202 viviendas en Puntales, la última fase de Matadero y la rehabilitación del Cerro del Moro, a las que podrá sumar en un futuro varios proyectos en Tolosa Latour y otras parcelas de su propiedad.
E igualmente subraya “el empeño” del Ayuntamiento que “ha llevado a destinar, en solo año y medio, 11 millones de euros -a través de la empresa municipal de vivienda Procasa- a la financiación de hasta un centenar de viviendas públicas, de las que más del 80% son protegida en régimen de alquiler social”.
