En su intervención, el director general de Sice, Ramón Cobo, ha dejado claro que todas las cámaras funcionaban, encontrándose "bien ubicadas y sincronizadas", y que el sistema, con una garantía hasta 2017, contaba con una fiabilidad entre marzo y mayo del 96,68 por ciento, aclarando que el ciudadano "puede estar tranquilo porque las sanciones eran validadas después por un operador". "Gutiérrez ha puesto en entredicho el buen hacer de mi empresa a la ligera, siendo una de las máximas preocupaciones que he tenido en el tema laboral", añade.
Ante esta situación, el presidente de la comisión de investigación, Francisco Pérez (PP), subraya la necesidad de restaurar el buen nombre de la empresa. Los portavoces del PSOE en la comisión, Encarnación Martínez, y de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, le han instado a que retire las "acusaciones que el PP hizo suyas a través de este informe", algo ante lo que Pérez advierte de que "se ha puesto de manifiesto una verdad oculta, investigando un informe que apuntaba irregularidades".
Por su parte, el jefe de Sección de Obras y Servicios y director facultativo del proyecto, Félix Lerma, ha negado un presunto desvío presupuestario y ha advertido que los datos de Gutiérrez sobre el funcionamiento del sistema son de agosto de 2010 y no de 2011, por lo que "en su inicio se produjeron algunas anomalías que se han ido corrigiendo".
"Debe documentar las acusaciones tan graves que ha realizado o acogerse a las consecuencias", sentencia, tras advertir que existía un margen de error técnico inferior al uno por ciento en la lectura de matrículas sin fallos "ni de cámaras ni del 'software'. Además, manifiesta que actualmente el sistema continúa acumulando datos desde marzo ya que "nadie ha comunicado que ese sistema debe estar paralizado".
Lerma afirma que las competencias de Gutiérrez fueron siendo ejercidas por otros funcionarios porque "no las asumía", tras recordar las bajas que presentaba, y apunta a la recepción de un escrito firmado por el jefe de Sección del Centro de Control de Tráfico en el que se le informa de que, después de "una reunión mantenida con el director general de Movilidad", se le ha comunicado la "restitución total" de sus funciones, por lo que deben de comunicársele incidencias, organización y gestión del trabajo, "no admitiendo bajo ningún concepto intromisiones del Servicio de Proyectos y Obras".
"TERGIVERSACIÓN" DE LAS PALABRAS DE LOS FUNCIONARIOS
La jefa de Servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento, Reyes González Castro, ha asegurado que las afirmaciones que realiza en su informe Gutiérrez están "lejos de sus competencias" y son una "tergiversación" de las palabras de los funcionarios. Añade que los informes realizados son de 'motu propio' al ver el informe de Gutiérrez y niega que fallos en el sistema, desvíos presupuestarios o irregularidades.
Además, agrega que la recepción del sistema completo se realiza el 24 de mayo de 2011 y que desde el 29 de marzo no se mandan infracciones, aunque con un comportamiento "correcto". Igualmente, muestra "extrañeza" ante el desarrollo de dos informes distintos de adjudicación, apuntando a que este segundo podría haber sido encargado por un cargo superior", y señala que en el traspaso de poderes al actual gobierno no se informó del plan centro, cuyo sistema estaba "bloqueado" al no tramitarse sanciones desde marzo porque no se cotejaban las listas.
RECEPCIÓN DEL SISTEMA, "CORRECTO"
Por su parte, el técnico de la Administración Especial, adscrito a la Intervención Municipal de Fondos, Francisco Jesús Fernández ha afirmado que realizó una "gira por todas las entradas y salidas para comprobar que funcionaban las cámaras 'in situ' y en el centro. Así, asegura que era "correcta y conforme al contrato y a la certificación entregada" en cuento a suministro, instalación y equipamiento y advierte de que las comprobaciones del sistema no se realizaron mediante muestreo, sino detalladamente "le duela a quien le duela".
En este marco, el técnico medio del Centro de Control de Tráfico Antonio Benítez ha ratificado lo aportado en su informe del día 8 de agosto, en el que apunta que el sistema no está desconectado y que funciona "correctamente" y asegura que su fiabilidad es "bastante superior" a la aportada por Gutiérrez en su informe.
MÁS DE 2.500 SANCIONES
En la misma línea, el operador del sistema Ramón Suárez Collazos ha manifestado que el sistema funcionaba "perfectamente" a su recepción el día 1 de junio y podía llegar a captar más de 2.500 sanciones diarias, mientras que sólo 250 podían tramitarse por "limitación del personal" en la Agencia Tributaria y agrega que las listas de coches autorizados que se coteja con las sanciones no estaba actualizada por "problemas administrativos".
Respecto al informe de Gutiérrez, explica que éste le comunicó que el Director de Movilidad, Enrique Medina, le había solicitado un informe "sin detallar su uso" y le pide cierta información a Suárez, con la que después realiza unas anotaciones personales que incluye en el citado informe, un punto que Suárez desconocía.
ACCESO A LAS IMÁGENES Y DOCUMENTACIÓN "SUSTRAÍDA"
Además, el operador llama la atención sobre el hecho de que Gutiérrez presentara este lunes imágenes de noviembre de las cámaras, ya que "no tiene acceso a ellas al no contar con una contraseña válida", de la que dispone Suárez, un trabajador de mantenimiento y otro de la unidad estadística, según su conocimiento. "Esas fotos no debían ser aportadas", sentencia, tras asegurar que el sistema está captando imágenes, aunque "no se utilizan".
En este contexto, Torrijos se ha mostrado "impactado" ante el hecho de que se usen fotos, "se extraigan y publiciten", por lo que a su petición al secretario del Ayuntamiento de analizar la ilegalidad de que las cámaras sigan grabando, el PSOE añade ver si es lícita la obtención de imágenes.
A continuación, ha intervenido el que fue jefe de Sección adjunto al Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, César Gallardo, desde el 1 de mazo al 29 de abril en sustitución de Francisco de Paula Estévez que se encontraba de baja y que realizó una propuesta técnica a la dirección política del servicio para parar el sistema. En su declaración, deja constancia de que el documento aportado este lunes por Gutiérrez sobre las sanciones en el centro no consta "en su totalidad" y alerta de que aportó "originales a los que no tiene acceso" al ser de Gallardo, por lo que entiende que fueron "sustraídos de la Delegación de Movilidad".
PARADA DEL SISTEMA
Gallardo ha asegurado que el volumen de sanciones era "imposible" de manejar por lo que se introdujo un filtro al sistema de tiempo que se iba modificando dependiendo de la cantidad de infracciones detectadas, algo que "no vulnera el derecho de los ciudadanos", ya que "continúa funcionando como elemento disuasorio se multe o no". "Los objetivos del plan se cumplieron", añade.
Gallardo, que es preguntado por el PP sobre su inclusión en una Junta Electoral de Zona en las últimas elecciones, advierte de que las comunicaciones entre los técnicos y la dirección política se realizaba mediante correo electrónico y sólo se realizaba por escrito cuando se trataba de un tema sensible.
