El Ayuntamiento ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a la atención de la jueza Mercedes Alaya, para que investigue la “espantada” de la Junta de Andalucía del Consorcio del Centro de Técnicas Industriales.
¿Qué ha motivado que el alcalde de San Fernando, José Loaiza, haya tomado una decisión así? Pues el hecho de que la FAFE (Federación Andaluza de Formación y Empleo), la consejería de Empleo y el ex-consejero Ángel Ojeda hayan tenido relación directa con el funcionamiento del Centro de Soldaduras en los últimos años. O sea, que han estado dentro todas las patas del escándalo de los cursos de formación en Andalucía.
Eso ya es motivo suficiente para llamar la atención de la jueza a la que la presidenta de la Junta tiene entre ceja y ceja, pero lo es más el hecho de que la Junta, al desentenderse del Consorcio que tenía con el Ayuntamiento, le esté mandando al alcalde las facturas sin pagar y los requerimientos de información sobre lo que el Ayuntamiento dice que no sabe nada.
El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado sobre la decisión del alcalde que espera que no esté aprovechando el tema con fines partidistas, pero ya me dirán ustedes que haría un alcalde cuando desde la Junta el exigen la devolución de dos cantidades que suman un total de 2,4 millones de euros por presuntas “irregularidades” en cursos desarrollados en el CTI.
Lo más llamativo de todo es el requerimiento de oficio, con fecha de 6 de mayo de 2014, por el que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social le pide al Ayuntamiento que aporte ante la Inspección de Trabajo la copia del convenio celebrado el 8 de febrero de 2010 entre el Consorcio, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFE), y las entidades Asociación de Empresas Aeronáuticas, Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y Asociación para la Sociedad de la Información (Innova) para el alquiler de una instalaciones situadas en la calle Chapistas (número 4) del polígono de Fadricas, que fue utilizada en los cursos de formación impartido a los ex trabajadores de Delphi. Curiosamente las tres empresas son del ex consejero Ángel Ojeda.
Pero hay una pregunta en el aire. El Ayuntamiento sólo tenía un 10% en el Consorcio, pero tenía a sus representantes en el consejo de administración y el hecho de tener representantes implica tener responsabilidad en lo que haya ocurrido. De ahí que desde este medio se le hicieran dos preguntas concretas al alcalde. La primera es si en algún momento de la duración de este consorcio el Ayuntamiento participó en la gestión pura y dura del Centro de Técnicas Industriales y el alcalde dijo que no durante su mandato.
La segunda es que si había representantes municipales hay responsabilidad subsidiaria, como mínimo, independientemente de que los engañaran o los dejaran de engañar. Su visto bueno está en los papeles y eso implica responsabilidad. Y si no que se lo pregunten a los ex alcalde andalucistas involucrados en el desfalco de la Caja Municipal, a los tesoreros y a los interventores. Loaiza dijo que serían responsables "de las mentiras que nos ha contado". Pero las firmas de los consejeros -de la Junta y del Ayuntamiento- están en los papeles.
