El Gobierno ha manifestado que a corto y medio plazo no tiene previsto en su mapa de inversiones realizar obras para la consolidación y conservación del torreón de San Miguel y la torre vigía de Torregarcía, esta declarada bien de interés cultural (BIC) pese a los requerimientos efectuados por el Gobierno andaluz ante el estado "deficiente" que presentan ambas construcciones.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes gubernamentales, quienes han descartado, por el momento, que invertir en el mantenimiento de estos elementos patrimoniales ubicados en las playas de la capital y cuya propiedad depende de la Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Hacienda y del Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Cabe recordar que recientemente la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Cultura, envió un escrito a los propietarios indicándoles las patologías que presentan ambos inmuebles por lo que, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, es necesario que encarguen la redacción de un proyecto de conservación, que tiene que ser autorizado por la Junta, para poder ejecutar las obras de consolidación y reparación exigidas.
En este sentido, desde el Ejecutivo han explicado que alguno de estos elementos sí será objeto de intervención próximamente, aunque de manera indirecta, ya que el Ayuntamiento de Almería tiene intención de financiar parte de la reparación del torreón de San Miguel mediante fondos de la siguiente edición del Plan Urban pese a no ser el titular del inmueble, según la información disponible en el Catastro consultada por la Junta.
Según los datos del Gobierno andaluz, el estado de conservación de ambas torres es "deficiente", ya que "la cercanía al mar incide en la erosión de los muros, sobre todo, en la zona de arranque y coronación", mientras que los materiales de construcción "sufren un desgaste generalizado" así como también "desprendimientos de revestimientos y humedades de recalo".
Además, en el caso de la torre de Torregarcía, el vallado "está dañado y no impide el acceso incontrolado al inmueble", por lo que se ha solicitado que "mientras no se ejecutan las obras de reparación y consolidación se instale, como medida provisional de protección para evitar daños personales y al inmueble, un vallado de vallas móviles ancladas al suelo y se señalice la prohibición de paso por peligro por desprendimientos".
