La petición de ayuda de la Casa Blanca que el Gobierno ha empezado a estudiar para cobijar a cuatro prisioneros sin cargos también suscita dudas por el limbo jurídico del que proceden, al coincidir en que sus derechos no han sido respetados en Guantánamo.
El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Cástor Díaz, argumenta que la “situación antijurídica” de Guantánamo “condiciona la solución”, aunque cree que puede haber fórmulas legales para la acogida “si también hay voluntad política real”.
Díaz apunta que el traslado de los cuatro prisioneros debería tener como requisitos el respeto a los derechos humanos y a leyes como la de Extranjería, además de “no poner en riesgo la seguridad del Estado”.
A su entender, “desmantelar Guantánamo no puede significar que por razones políticas, no se respeten en esencia los derechos humanos”.
Reconoce Díaz que con la actual ley, “la puerta queda abierta” a que los deportados puedan, incluso, acogerse a la justicia universal para pedir un resarcimiento por los años de reclusión en el penal.
Sólo lo podría impedir, añade, la reforma que el Gobierno y el PP están negociando para limitar este principio a determinados casos.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada aclara que sería viable esta demanda “al ser residentes en España”, aunque condicionada a la reforma para limitar la jurisdicción universal.
