Urbanismo ha ordenado a la propiedad de los números 21 y 7 de la calle Placentines que suspenda la actividad como apartamentos turísticos que venía ofreciendo después de haber hecho obras de reforma “sin licencia y no legalizables”.
La propiedad realizó en ambos inmuebles reformas encaminadas a cambiar el uso residencial por hotelero con fines turísticos. Y todo con un permiso de obra menor, cuando los trabajos “excedían las actuaciones permitidas por estas autorizaciones”, apostillaron fuentes municipales consultadas.
Entre las obras se hicieron nuevas construcciones, distribuciones, modificaciones y eliminaciones contrarias a la Ley y “no admisibles ni legalizables desde el punto de vista patrimonial”. De hecho, algunas de estas actuaciones alteraron elementos protegidos de estos inmuebles, que cuentan con protección ambiental (E) en el caso del número 21, y protección parcial en grado 1 (C) en el del número 7, “no habiendo sido en ningún caso comunicadas a la Comisión de Patrimonio”, tal y como es preceptivo.
El dueño de los inmuebles ha presentado a la Gerencia sendos proyectos de legalización de las obras, que, “tras ser debidamente analizados, no han sido autorizados”, apuntaron desde el Ayuntamiento, ya que entre las “carencias” que presentan destacan “deficiencias” en materia de accesibilidad, de ventilación e iluminación, de evacuación contra incendios y de acreditación del cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
“Las obras realizadas en su día, carentes de la oportuna licencia, y cuya legalización se pretende, no resultan legalizables”, por lo que la Gerencia y Medio Ambiente ha ordenado la “inmediata suspensión del uso hotelero” y ha iniciado el procedimiento para que los dos edificios recuperen su estado primigenio. Urbanismo ha avisado al propietario, además, de que el incumplimiento de estas órdenes llevará aparejado la imposición de multas.
En la misma comisión ejecutiva, la Gerencia ordenó adoptar medidas urgentes en las traseras de la Casa Pilatos, en la calle Imperial. Medidas como la revisión de cornisas, de las celosías y de los revestimiento del muro de la finca de referencia y de las edificaciones de una planta contiguas a éste, donde se han detectando “elementos dañados, sueltos e inestables que generan riesgo de desprendimiento”.
La Gerencia obliga a tomar medidas de “seguridad provisionales tales como anclajes, malla o red resistente envolvente”. El importe de la actuación está calculado en 20.528 euros.
