El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha realizado una recogida de firmas entre los funcionarios de justicia de la capital, al objeto de comprobar el sentir de este colectivo ante el traslado, previsiblemente a finales de 2022, al campus de Palmas Altas, y "tres de cada cuatro" funcionarios se oponen al mismo.
Para el sindicato este traslado es "un aspecto que influirá de forma directa en la vida de estos trabajadores, dado que, entre otras cosas, la ubicación perjudicaría la conciliación familiar al no existir ni guarderías ni colegios en la zona", ha informado el STAJ en una nota.
Actualmente, aseguran desde el mismo, el único medio de transporte público disponible para llegar al campus de Palmas altas es la línea 35 de autobús, ya que la línea 34 termina en los Bermejales con 22 paradas, a lo que añaden que esta línea 35 conecta el Prado de San Sebastián con el campus, con tres paradas --Reina Mercedes, Paseo de Europa y avenida Alemania-- y, según las Administración comprometida, "este recorrido la cubriría una lanzadera que se reduciría a una línea 'expres' con una única parada en el trayecto cerca del Hospital Virgen del Rocío".
Otra previsión es la que afecta a la línea 3 de metro que, según el proyecto existente, conectaría Pino Montano con los Bermejales, con 17 estaciones: un primer tramo desde la zona norte hasta Prado de San Sebastián, para continuar hacia La Palmera a través de la avenida de La Borbolla y el Parque de María Luisa, hasta desembocar en Heliópolis y Los Bermejales, si bien las últimas informaciones apuntan a que esta línea se haría llegar hasta Bellavista, pasando por Palmas Altas, han asegurado desde el sindicato.
Sin embargo, como se anunció por parte del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento el pasado mes de noviembre "se calcula que hasta el final del mandato, en 2023, no habrían empezado las obras de esta línea de metro".
Esta previsión cronológica, unida al propósito del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, de trasladar a Palmas Altas las sedes judiciales antes de finalizar 2022, "lleva a concluir que para acceder a la pretendida Ciudad de la Justicia en esa fecha el único medio de transporte público disponible sería el autobús-lanzadera desde el Prado de San Sebastián, es decir, desplazamiento de tráfico rodado para llegar a la zona de Sevilla con peor acceso y mayor congestión de circulación".
"Si al habitual colapso circulatorio de la zona y sus accesos, se añade que, entre funcionarios de Cuerpos Generales y Especiales, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de Policía y Guardia Civil, personal laboral y personal de limpieza, unas 2.000 personas tendrán que desplazarse diariamente a las oficinas judiciales en hora punta, el caos está servido", han precisado desde el STAJ.
Si además, han asegurado desde el sindicato, se atiende al impacto medio ambiental por la concentración de vehículos, dado que el único medio de transporte sería autobús y vehículo particular, sin perjuicio de quienes quieran o puedan desplazarse en bicicleta o andando en los días en los que la climatología y las temperaturas estivales lo permitan, "la idea de ubicar la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas resulta descabellado".
"SOLUCIÓN REAL DE MOVILIDAD"
Así las cosas y, según las pretensiones de ambas administraciones, "queda claro que no sólo no se garantizan medios de transporte alternativos y sostenibles antes del traslado, sino que, además, evidencian la falta de voluntad política de ofrecer una solución real a la movilidad en la zona y un más que evidente desconocimiento y desprecio de las verdaderas y reales necesidades que la implantación de la Ciudad de la Justicia necesita".
Todo ello, tanto para los dos millares de personas que todos los días ejercen sus funciones junto con los abogados y procuradores en las sedes judiciales como para los ciudadanos que acuden diariamente a las mismas, máxime en esta Administración a la que suelen acudir con cita de inexcusable cumplimiento, cuyo retraso en su asistencia puede tener consecuencias perjudiciales para sus pretensiones y la defensa de sus intereses en los procesos judiciales, han subrayado desde el sindicato.
Por todo ello, "tres de cada cuatro funcionarios consultados", como demuestra la recogida de firmas que STAJ ha presentado en la Consejería de Justicia, "manifiestan su rotunda disconformidad con el traslado, mientras no se garantice un plan de movilidad adecuado, real, viable y sostenible".
