La Guardia Civil ha detenido a un empresario y a su mujer por obviar la suspensión cautelar decretada por la Junta de la actividad de su empresa, dedicada a la elaboración y venta de productos de pesca, y seguir vendiendo pese al riesgo "extraordinario e inminente" que supondría para la salud pública.
Según ha informado la Guardia Civil, a ambos, que quedaron en libertad tras prestar declaración, se les atribuye un delito contra la salud pública y otro de desobediencia a la autoridad.
Este empresario se dedica en un municipio de la Costa de Granada a la elaboración de productos de pesca y uno de ellos, unos boquerones en vinagre, provocaron una alerta sanitaria el pasado mes de mayo.
En Sevilla y Jaén se detectaron dos casos de intoxicación por anisakis en los que resultaron afectadas cuatro personas, y se descubrió que todas ellas habían consumido boquerones elaborados por esta empresa granadina.
Como estos boquerones en vinagre se habían distribuido a establecimientos de Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla-León, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición estableció una alerta sanitaria en la que advertía de la comercialización de boquerones en vinagre con presencia de parásito vivo anisakis de esta empresa.
Y recomendaba "a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de compra".
Los inspectores del área de Gestión Sanitaria Sur de Granada inspeccionaron la empresa y, ante las irregularidades detectadas, fue clausurada de forma cautelar el pasado 5 de mayo por la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, por considerar que el mantenimiento de la actividad podía suponer un riesgo "extraordinario e inminente" para la salud pública.
Dos meses después, el pasado 7 de julio, los técnicos veterinarios del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril solicitaron el auxilio del Seprona de la Guardia Civil para inspeccionar nuevamente esta empresa, porque habían sabido que había seguido funcionando a pesar de la suspensión cautelar.
Los agentes comprobaron que la empresa estaba funcionando de manera clandestina: dentro había cuatro empleados trabajando "en las funciones propias de la industria".
Además, el detenido había ignorado presuntamente la suspensión cautelar y desde el día siguiente al de la clausura habían seguido facturando productos.
La Guardia Civil se incautó del ordenador de la empresa y los agentes han contado hasta 114 facturas expedidas, pero en ellas aparecía el nombre de la mujer del empresario y no el de éste, aunque el etiquetado del producto seguía siendo el mismo.
Durante la inspección fueron inmovilizados 1.327 kilos de productos entre boquerones, boquerones en vinagre, camarones, sardinas, rejos, calamar, pulpo y pulpo seco.
