El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha tomado este martes declaración como investigado al alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Fernando Zamora (PSOE), en el marco de las diligencias incoadas por las denuncias interpuestas en su contra por Vox y el PP, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos con relación al convenio firmado por el Ayuntamiento de dicho municipio con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social 'Ossetana'.
En un auto fechado el pasado 9 de marzo y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial expone que el alcalde de San Juan figura como "investigado" en la causa y estaba citado a declarar este martes, después de que ya acudiese al juzgado a mediados de febrero, aunque en aquella ocasión sólo para que se le entregase "la denuncia y la documentación aportada" sobre la misma.
Fernando Zamora, así, ha acudido a la citación y ha prestado declaración durante pocos minutos, respondiendo sólo a las preguntas de la Fiscalía y del juez, no así de las acusaciones populares que ejercen Vox y el PP como denunciantes.
Las mencionadas denuncias derivan de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre el convenio firmado por dicha administración con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, al objeto de tal entidad se encargase de la gestión de la moneda social 'Ossetana', una herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad.
LAS ACUSACIONES DEL PP Y VOX
Merced al citado informe de los habilitados nacionales del Ayuntamiento, el PP avisaba de un supuesto mecanismo para la "compra de votos", exponiendo que desde hace años pesan informes técnicos que llamaban a "regular el procedimiento" de gestión y financiación de la moneda social Ossetana.
Vox, de su lado, aseguraba que el mencionado informe de los habilitados nacionales "pone de manifiesto que no existe expediente alguno sobre el programa de la moneda Ossetana", derivando ello en "un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal".
A juicio de Vox, el modelo de gestión de este programa implica una "actuación arbitraria de la administración, al margen de los parámetros constitucionales", pues "no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas" de la moneda social.
LOS GASTOS
Es más, según el partido, "hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda 'Ossetana', correspondiendo a gastos en bares y verbenas", así como compras "que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas", e incluso "parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan", situaciones que niega el Gobierno local socialista.
El Gobierno local del PSOE, en ese sentido, explicaba que esta moneda social ha contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos de primera necesidad.
Según el Equipo de gobierno, el mencionado informe de los habilitados nacionales no alude a ningún desvío de fondos, defendiendo que "ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda 'Ossetana' ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según los informes previos de los servicios sociales", tratándose de un programa plenamente "fiscalizado".
En cualquier caso, y según han indicado a Europa Press fuentes del caso, a la hora de responder a la Fiscalía y el juez, el alcalde de San Juan habría manifestado que desconocía que el modelo de gestión de la moneda social 'Ossetana' motivase incidencias y que dicho programa fue suspendido una vez conocido el informe de los habilitados nacionales.
