La mayoría de procesados (25 de 28) por las agresiones en la manifestación vespertina del Día de la Comunitat Valenciana (9 de Octubre) de 2017 en València ha aceptado condenas de prisión que van de los 12 a los 24 meses como responsables de un delito contra los derechos fundamentales.
También han aceptado multas por varios delitos de lesiones y órdenes de alejamiento respecto de las entidades de izquierda convocantes de esa marcha.
Veintiún de estos ultras han sido condenados a un 1 año y 5 meses de prisión y dos a 2 años, uno de los procesados ha sido condenado a un año de prisión por amenazas, otro a idéntica pena por coacciones. Uno de los procesados ha sido condenado únicamente al pago de multas por lesiones y coacciones.
Los otros dos acusados que no han admitido los hechos, entre ellos un locutor de televisión y de radio acusado de hacer un llamamiento para impedir la manifestación, serán juzgados a partir del próximo 4 de marzo.
El letrado de este locutor, Manuel Salazar, ha defendido que a su cliente no se le atribuye hecho violento alguno y ha considerado que se le ha querido atribuir el papel de "ideólogo" en una "causa contra el valencianismo político y la extrema derecha".
Será una vez juzgados los dos acusados que faltan cuando las penas de prisión suscritas hoy por conformidad cobren firmeza, aunque en virtud del pacto deberán quedar suspendidas -siempre que se cumplan los requisitos legales para ello- con la condición de que los procesados no delincan en el plazo de dos años y superen un curso de igualdad.
Antes del inicio del juicio, los acusados han sido recibidos con gritos de "nazis fuera" por un grupo de manifestantes de izquierda que se han concentrado a la puerta del juzgado, y a la salida parte de los ya condenados -uno de ellos lucía una camiseta con una estrofa del Cara al sol- se han dirigido a ellos diciendo "poco os dimos ese día", "llorones" y les han lanzado salivazos.
La Fiscalía pedía inicialmente condenas entre 3 y 7,5 años de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, si bien según ha explicado la fiscal Susana Gisbert la calificación finalmente ha sido de delitos contra los derechos y libertades (el ejercicio de manifestación en este caso) con la agravante de odio.
Las indemnizaciones para las víctimas superan los 46.000 euros, y las costas procesales a las que los condenados deberán hacer frente rondan los 49.000, cantidades ambas que ya se encuentran abonadas prácticamente en su totalidad, según ha explicado un letrado de la defensa a la conclusión del juicio.
La fiscal Susana Gisbert se ha mostrado satisfecha por el resultado de este proceso, básicamente por el hecho de que los agresores hayan admitido su responsabilidad y se haya logrado que se dicten órdenes de alejamiento de todos ellos respecto de las organizaciones convocantes de la manifestación.
La presidenta de Acció Cultural -acusación popular-, Ana Oliver, ha defendido que ha sido el trabajo de la Comissió d'Octubre, convocante de la manifestación, "el que ha logrado identificar a los agresores y ha logrado una condena histórica para 26 personas con un largo historial de agresiones".
